En el proyecto de Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana que se encuentra en análisis en el Congreso de la Unión se señala que una forma de eliminar la corrupción es mediante la reconstrucción de la confianza ciudadana, y pasar de la fiscalización al principio de buena fe. Esto último logrando el cumplimiento voluntario con beneficios y facilidades administrativas.

En este contexto, se esperaría que solamente fueran auditados aquellos contribuyentes que presentaran mayores inconsistencias, y quienes lleven a cabo prácticas fiscales agresivas.

Para ello, y como resultado de los ajustes presupuestarios y humanos realizados, la práctica de auditorías electrónicas será una importante herramienta.

De igual forma, en diversos foros se ha indicado por las autoridades las prácticas que le preocupan y que serán focos de revisión entre otras, las siguientes:

  
Asimilados a salarios

Si bien este régimen está permitido por la LISR, es un hecho que ha sido utilizado por diversas empresas para evitar el reconocimiento de verdaderas relaciones de trabajo, al igual que planeaciones que afectan al fisco

Operaciones inexistentes

La autoridad ha intentado a atacar estas conductas a través de diversas acciones e incluso la última reforma en materia de compensación tiene ese objetivo, por lo que las empresas deben estar atentas a observar los requisitos necesarios para materializar sus operaciones y evitar caer en actos que puedan considerarse simulación.

Adicionalmente, en el Congreso existen diversas propuestas de reformas para endurecer el ataque a este tipo de actos.

Subcontratación

Esta actividad se ha satanizado, debido a que algunas empresas la han utilizado para disminuir la base gravable de sus trabajadores, y no enterar de manera correcta las cuotas de seguridad social, lo que ha mermado la recaudación y los derechos de los trabajadores.

Los abusos cometidos por algunas compañías han llevado a cada vez se pongan candados más severos a la realización de esta actividad y que incluso se hable, en materia laboral, de prohibirla.

Es evidente que el Estado requiere recursos, más con los proyectos apoyos sociales que desea lograr, por lo que le resulta indispensable establecer mecanismos que logren ese objetivo; entre ellos focalizar de manera adecuada su fiscalización y dar certeza jurídica a las empresas  a fin de que también se pueda  conseguir su principal objetivo: que el contribuyente cumpla de manera voluntaria sus obligaciones bajo el principio de buena fe.

Fuente: IDConline