Inicialmente, en abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de reforma a la fracción IV del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma busca establecer una jornada laboral de cinco días con dos días de descanso, al mismo tiempo que contempla reducir la jornada de 48 a 40 horas.

Posteriormente, el 6 de octubre, se publicó un detallado seguimiento de la propuesta titulado '¿Cómo van las iniciativas de reformas laborales?'. Se tenía programado votar sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral entre el 25 y el 29 de septiembre de 2023, pero tanto la discusión como la aprobación sufrieron retrasos.

Hasta el 1 de diciembre, la reforma laboral no había sido aprobada en la Cámara de Diputados, porque a finales de noviembre de 2023, los miembros de la mesa directiva de la cámara realizaron recomendaciones y cambios al proyecto de reforma al Artículo 123 de la Constitución, lo cual ocasionó retrasos.

En seguimiento al estancamiento de la reforma para la reducción de la jornada laboral, la Cámara de Diputados ha anunciado que continuarán con el análisis de dicha reforma hasta marzo del próximo año, 2024, cuando comience el siguiente periodo ordinario de sesiones en la cámara.

Por otro lado, los coordinadores parlamentarios han acordado formar una Comisión de Trabajo en Días de Descanso Laboral para estudiar detalladamente la propuesta de reducción de la jornada laboral. Esta medida muestra su interés en analizar a fondo las implicaciones económicas, sociales y legales de dicha reforma antes de avanzar en su discusión y aprobación.

En consecuencia, la postergación de la discusión sobre la Reducción de Jornada Laboral en las semanas venideras surge como resultado directo de la prioridad otorgada al análisis riguroso y detallado que llevará a cabo la recién creada Comisión de Trabajo en Días de Descanso Laboral. Esta decisión responde a la necesidad de evaluar con profundidad las posibles repercusiones de una modificación tan significativa en las leyes laborales, lo que implica un aplazamiento temporal en la agenda legislativa. Esta pausa busca asegurar que se disponga de información completa y precisa antes de someter la propuesta a una discusión más amplia y a la toma de decisiones en el pleno de la cámara.

Fuente: Fiscalia.com