El 5 de febrero de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una serie de iniciativas de reformas constitucionales con el propósito de transformar profundamente el marco legal y social del país. Estas reformas, anunciadas desde el histórico Palacio Nacional, buscan revertir políticas previas a las que se les ha calificado como neoliberales, y promover una mayor justicia social, económica y ambiental.

Propuestas
A continuación, se detalla en qué consiste cada una de las propuestas:

1. Reconocimiento de Pueblos Indígenas y Afroamericanos: Esta iniciativa busca reconocer a estos grupos como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y el derecho a ser consultados en proyectos que los afecten, así como a recibir recursos de manera directa.
2. Pensiones Universales: Propone garantizar por ley una pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad, asegurando su bienestar.
3. Becas para Estudiantes Pobres: Esta reforma tiene como objetivo hacer del acceso a becas para estudiantes de familias de bajos ingresos un derecho constitucional en todos los niveles educativos.
4. Atención Médica Gratuita: Busca garantizar el derecho a la atención médica integral y gratuita para todos los ciudadanos mexicanos.
5. Vivienda para Trabajadores: Se propone asegurar que los trabajadores y sus familias puedan ser propietarios de sus viviendas, promoviendo el derecho a la vivienda digna.
6. Prohibición del Maltrato Animal y Fracking: Estas iniciativas plantean la prohibición explícita del maltrato animal y de prácticas ambientalmente dañinas como el fracking.
7. Minería a Cielo Abierto y Vapeadores: Se propone prohibir la minería a cielo abierto y el comercio de vapeadores y drogas químicas peligrosas, como el fentanilo.
8. Protección del Salario Mínimo: Asegurar que el salario mínimo siempre supere la inflación, y que ciertos trabajadores, como maestros y policías, reciban salarios superiores al promedio nacional.
9. Reforma de Pensiones: Se busca revertir reformas de pensiones previas consideradas perjudiciales, creando un fondo para compensar a los trabajadores afectados.
10. Empleo Juvenil y Apoyo a Campesinos: Estas reformas garantizan el derecho al trabajo y a la educación, ofreciendo empleo juvenil y apoyo permanente a los campesinos.
11. Infraestructura y Servicios Públicos: Se propone mejorar la infraestructura de transporte y garantizar servicios como internet y electricidad a través de entidades públicas o concesiones privadas.
12. Reforma Electoral: Esta iniciativa busca reducir costos y burocracia en el sistema electoral, incluyendo la reducción del número de legisladores y la elección directa de funcionarios electorales.
13. Austeridad Republicana: Convertir la austeridad en política de Estado y reformar la Constitución para limitar los salarios de los servidores públicos a no superar el del presidente.
14. Eliminación de Órganos Autónomos Neoliberales: Propone suprimir entidades y órganos autónomos creados en el periodo neoliberal, acusados de proteger intereses particulares sobre el interés público.

Proceso legislativo
El proceso legislativo para aprobar reformas constitucionales en México es más riguroso que el necesario para aprobar leyes ordinarias, debido a la importancia y el impacto duradero que tienen en el marco jurídico del país. A continuación, se describe el proceso general que deben seguir estas reformas:

• Presentación de la Iniciativa: La iniciativa de reforma constitucional puede ser presentada por el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, y las legislaturas de los estados. En este caso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado las iniciativas.
• Discusión en el Congreso de la Unión: La iniciativa se somete primero a discusión en una de las cámaras del Congreso de la Unión, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, dependiendo de quién presente la iniciativa. La cámara originaria discute el proyecto y puede hacer modificaciones.
• Aprobación en Ambas Cámaras: Para que una reforma constitucional avance, debe ser aprobada por una mayoría de al menos dos tercios de los miembros presentes en cada cámara (Cámara de Diputados y Senado). Si una cámara realiza modificaciones al proyecto, este debe ser enviado de nuevo a la otra cámara para su aprobación.
• Aprobación de las Legislaturas Estatales: Una vez aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma debe ser enviada a las legislaturas de los estados para su consideración. Para que la reforma sea aprobada en esta etapa, al menos la mitad más uno de las legislaturas estatales (es decir, al menos 17 de los 32 estados) deben aprobarla.
• Declaración de Aprobación y Promulgación: Después de obtener la aprobación de las legislaturas estatales, la reforma es enviada de vuelta al Congreso de la Unión para que la Comisión Permanente declare formalmente su aprobación. Posteriormente, el presidente de la República promulga la reforma, y esta se publica en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.

Este proceso busca que las reformas constitucionales reciban un amplio escrutinio y consenso entre los representantes electos a nivel federal y estatal, reflejando así un amplio apoyo político y social.

Reformas específicas
En el ámbito que compete a la materia fiscal y temas relacionados, destacan las siguientes reformas.

Reforma en materia de vivienda
La iniciativa presentada en materia de vivienda propone reformas significativas a la fracción XII del apartado A del Artículo 123 de la Constitución, con el objetivo de crear un Sistema de Vivienda más inclusivo y accesible para todas las personas trabajadoras. Este cambio busca responder a la larga historia de lucha obrera en México por el derecho a la vivienda digna y adecuada, así como a los desafíos actuales que enfrenta el país en materia de vivienda. A continuación, se detallan los cambios propuestos y su significado:

• Ampliación del Sistema de Financiamiento de Vivienda: Se busca transformar el actual sistema de financiamiento administrado por el INFONAVIT en un sistema más amplio de vivienda con orientación social. Esto incluiría no solo la posibilidad de obtener créditos para la adquisición o mejora de viviendas sino también permitir que el INFONAVIT invierta en la construcción de viviendas para que los trabajadores puedan adquirirlas o arrendarlas.
• Inclusión de Esquemas de Arrendamiento Social: Se propone que el INFONAVIT pueda ofrecer viviendas en arrendamiento social a precios accesibles, es decir, que la mensualidad no exceda el 30% del salario de los trabajadores. Este esquema también contempla que después de diez años de arrendamiento continuo, los trabajadores tengan derecho a adquirir la vivienda en propiedad.
• Preferencia para Trabajadores sin Vivienda Propia: La iniciativa establece que se dará preferencia de acceso a la vivienda (tanto en propiedad como en arrendamiento social) a aquellos trabajadores que hayan cotizado continuamente al fondo y aún no cuenten con una vivienda propia.
• Promoción de la Transparencia y la Equidad: Se busca asegurar que el acceso a los esquemas de vivienda se realice de manera transparente y sin discrecionalidades, garantizando equidad para todos los trabajadores.

Reforma en materia de Pensiones
La iniciativa presentada en materia de pensiones modifica el Artículo 123 de la Constitución para establecer nuevas disposiciones en el sistema de pensiones, con el objetivo de garantizar una pensión justa para los trabajadores que se jubilen bajo los regímenes implementados en 1997 y 2007, con ello se busca mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y de revertir las políticas previas en materia de seguridad social calificadas como neoliberales. A continuación, se detallan los elementos clave de la propuesta:

• Derecho a una Pensión Justa: Se introduce el principio de que todo trabajador tiene derecho a recibir una pensión justa, buscando prevenir una crisis en el sistema de pensiones y mejorar la calidad de vida de los pensionados actuales y futuros.
• Pensión Igual al Último Salario: Se propone que los trabajadores que iniciaron su cotización a partir del 1° de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como aquellos bajo el régimen de cuentas individuales en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tengan derecho a una pensión de retiro por vejez equivalente a su último salario, hasta un monto máximo igual al salario promedio registrado en el IMSS.
• Pensión Garantizada a Partir de los 60 Años: Se mantiene el derecho a una pensión garantizada para las personas trabajadoras a partir de los 60 años de edad, según lo establezca la ley.

La iniciativa prevé la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar financiado por diversas fuentes, incluidas las aportaciones del Gobierno Federal y la liquidación de ciertos activos y adeudos. Este fondo tiene como objetivo complementar las pensiones para asegurar que cumplan con el criterio de justicia establecido. Entre las fuentes de financiamiento se incluyen:

• Recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
• Liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
• Ingresos por la venta de bienes inmuebles de FONATUR.
• Adeudos pendientes de pago ante el SAT, ISSSTE o IMSS por diversas entidades públicas.
• Donaciones y otros tipos de aportaciones.

El fondo estará sujeto a obligaciones de transparencia y fiscalización, asegurando la publicación regular de sus resultados financieros y la realización de evaluaciones actuariales cada 8 años para determinar la suficiencia de los recursos y posibles fuentes adicionales de financiamiento.

La reforma entrará en vigor una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se establece un plazo para que el Congreso de la Unión y las instituciones de seguridad social realicen las adecuaciones legales y reglamentarias necesarias para implementar estas disposiciones.

Reforma en materia de Bienestar
La iniciativa presentada en materia de bienestar modifica diversas disposiciones de la Constitución, específicamente los artículos 4 y 27, para fortalecer y ampliar los derechos en materia de bienestar social. Está fundamentada en los principios de universalidad y progresividad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y abarcar un universo más amplio de beneficiarios, siendo sus puntos clave, los siguientes:

• Pensiones para Personas con Discapacidad Permanente: Propone garantizar una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, y rehabilitación o habilitación según se requiera. A partir de los 65 años, estas personas pasarían a recibir la pensión no contributiva destinada a las personas adultas mayores.
• Pensiones para Personas Adultas Mayores: Plantea reducir la edad mínima para acceder a la pensión no contributiva de 68 a 65 años, ampliando así el universo de beneficiarios. Establece la obligación del Estado de destinar los recursos presupuestarios suficientes para garantizar estas pensiones, siguiendo el principio de no regresión.
• Apoyos a Pequeños Productores Campesinos y Pesqueros: Añade disposiciones para asegurar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven árboles frutales y maderables, entre otros. Propone apoyo anual directo y entrega gratuita de fertilizantes a productores de pequeña escala, así como apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala. Mantiene los precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz, y trigo harinero o panificable.

Reforma en materia de Salarios
La iniciativa presentada en materia de salarios reforma y adiciona diversas disposiciones al Artículo 123 de la Constitución para mejorar las condiciones laborales y asegurar salarios dignos para las personas trabajadoras en México. Se enfoca en dos aspectos principales: la actualización de los salarios mínimos y la garantía de un salario mensual justo para ciertos trabajadores del sector público. A continuación, se resumen los elementos clave de la iniciativa:

• Incremento de los Salarios Mínimos: Propone que la fijación anual o revisión de los salarios mínimos generales o profesionales nunca esté por debajo de la inflación observada durante su periodo de vigencia.
• Salario para Trabajadores del Sector Público: Establece que maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeros deben recibir un salario mensual que no sea inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se señala que este salario promedio es de 16,777.68 pesos, ajustable anualmente según la inflación estimada.

La iniciativa responde a la necesidad de corregir la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo ocurrida durante décadas anteriores y de reconocer adecuadamente el trabajo de profesionales esenciales en sectores como la educación, la salud y la seguridad.